SOBRE EL DERECHO A DECIDIR
El aborto constituye uno de los problemas más complejos y delicados en el ámbito de la salud pública, en la mayoría de los países latinoamericanos. En América Latina se calcula que se producen alrededor de seis millones de abortos por año. “El promedio de muertes maternas en la región es de 194 mujeres por cien mil nacidos vivos: la cuarta tasa más alta del mundo. La causa principal, el aborto clandestino, llega a los cuatro millones al año, de los cuales 800 mil casos requieren hospitalización por complicaciones subsecuentes. En el Caribe, el aborto representa el 30% de las muertes maternas”.
Pero, al mismo tiempo se constata que
El derecho a la autonomía de las mujeres y a tomar decisiones sobre su sexualidad y su reproducción es la base de sustentación de una vida plena, en igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.
Desde un punto de vista filosófico hay una tensión que estaría caracterizada por dos posiciones:
a) La primera, sustentada en sectores ultraconservadores: la iglesia, el Estado, la derecha oligárquica, el sistema jurídico, plantea que el aborto es un problema moral y ético, que tiene que ver con “la defensa de la vida a ultranza, sin ninguna otra consideración”. Esta dimensión ha sido utilizada por mucho tiempo para invalidar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Han primado las concepciones patriarcales de la sociedad y la misoginia, que ven a las mujeres todavía como las ciudadanas de segunda, dependientes de los varones, minimizadas y serviles.
b) Otra posición, sustentada desde sectores del feminismo, y librepensadores, señala que el debate sobre el aborto no es un problema moral o ético, es fundamentalmente un problema de derechos individuales y colectivos, pues la maternidad y la penalización del aborto han sido la base de graves discriminaciones a las mujeres, y de peligro permanente para sus vidas, sobre todo, de las más pobres y ahí radica la terrible hipocresía de la derecha, pues el aborto nunca ha sido un problema entre las mujeres de buena condición económica, ya que se resuelve con dinero.
Es importante analizar las prácticas de los sectores que defienden la penalización del aborto y que no quieren reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres:
1. Las religiones y, sobre todo, la Iglesia Católica, señalan que defienden el “derecho a la vida”. Pero el respeto por la vida jamás ha sido la prioridad de las religiones, como lo demostramos a continuación:
• Las guerras “santas” o guerras religiosas, han estado presentes en la mayor parte de las conflagraciones mundiales y en los conflictos entre naciones y han generado una gran mortandad en varios países del mundo.
• Las cruzadas, guerra de la Iglesia Católica y Romana contra los árabes, por el control de los lugares “santos”, en realidad implicaba el control de los centros más importantes de producción económica. Esas cruzadas fueron el antecedente de los odios viscerales entre árabes y occidentales, entre cristianos y musulmanes.
• La Inquisición fue una guerra institucionalizada contra toda persona no creyente en la Iglesia Católica y en sus dogmas. Así la Iglesia se impuso a sangre y fuego. La Inquisición asesinó tantas personas, como las guerras mundiales. Millares de mujeres acusadas de brujas por ejercer sus conocimientos curativos ancestrales, fueron quemadas. La Inquisición detuvo el avance de las Ciencias durante siglos.
• La intolerancia religiosa ha permanecido vigente y sigue causando un gran dolor a los seres humanos, y a las mujeres en particular, pues está detrás de las objeciones e impedimentos a los derechos humanos de las mujeres, a la equidad de género, a las responsabilidades compartidas, a la libertad de conciencia, etc.
• El celibato exigido a sus miembros hizo y hace que los sacerdotes resuelvan sus problemas sexuales seduciendo a mujeres y embarazándolas, sin responsabilizarse de los hijos que procrean, puesto que no los pueden reconocer legalmente. En otros casos, terminan abusando de los menores de sexo masculino o femenino, que les han sido encargados para su educación en escuelas y colegios católicos o en los seminarios en donde se formaban los sacerdotes. Por esta razón fueron cerrados los famosos internados que anteriormente poseían las instituciones religiosas. El Vaticano ha pagado sumas millonarias para callar a los denunciantes y ha tapado vergonzosamente a sus miembros pederastas, abusadores y violadores. El silencio y la impunidad que han mostrado los jerarcas y sacerdotes de la Iglesia Católica, en relación a sus miembros pederastas y a las violaciones de mujeres religiosas, en todo el mundo, demuestra que no son los paladines de la defensa del derecho a la vida o de los derechos de los seres humanos.
• Al mismo tiempo, la Iglesia Católica ha impedido sistemáticamente la educación sexual, el control de la natalidad, y el aborto, porque su estrategia de crecimiento se basa en la proliferación de pobres, ignorantes y desheredados, sin los cuales no tendrían el poder que poseen.
• Por todo ello, ni el Vaticano ni la Iglesia Católica, tienen calidad moral para pronunciarse en contra de los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ni para exigir la penalización del aborto. Qué tal que las mujeres decidiéramos exigir la penalización de todos sus pederastas, abusadores y violadores de mujeres? ¿Qué tal que aquí en el Ecuador se destaparan esos abusos que duermen en las mentes atormentadas de tantos seres violentados?
La Iglesia Católica no debe inmiscuirse en un tema de salud pública y de libertad de conciencia; y la Asamblea Nacional Constituyente debería recordar que Eloy Alfaro realizó la revolución más importante del país, fundamentada justamente en la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, el control del Estado sobre los bienes de manos muertas, con los que se enriqueció fraudulentamente la Iglesia, a través del miedo al infierno, y muchas otras transformaciones importantes, que fueron la columna vertebral del Ecuador Moderno y que deben ser el sustento de esta Revolución Ciudadana, que pretende construir un país solidario, respetuoso de la diversidad y justo para todas y todos.
Quito, abril 23 de 2008.
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